Valoración de las medidas tomadas por el Gobierno ante la crisis del Covid-19

1. Ideas generales

 

• Algunos indicadores adelantados, como los índices de confianza, ya están reflejando estas perspectivas pesimistas en toda Europa. En España, el ISE (Indicador de Sentimiento Económico de la Comisión Europea) pasa de una media de 104,1 puntos en 2019 al 99,3 en marzo.
• Los datos de la Seguridad Social y de las oficinas de empleo publicados el 2 de abril reflejan una caída de 833.979 empleos en marzo y una subida del paro registrado de 302.365 personas (la mayor subida de la historia), hasta los 3.548.312 personas.
• Marzo ha supuesto un 69,3% de caída interanual en las matriculaciones de turismos y todoterrenos, la mayor caída en la serie disponible desde los años 60, hasta las 37.644 unidades, mínimo desde septiembre de 2012.
• A nivel mundial, la OCDE pronostica una recesión en numerosas economías cuando el el confinamiento afecta directamente a sectores que representan un tercio del PIB en las grandes economías. En España afectaría a prácticamente a un 30% el PIB.

 

• De acuerdo a las encuestas realizadas entre las empresas de Asociaciones Territoriales de empresa familiar:
  • la salida de la crisis no será breve,
  • tendrá efectos sobre los trimestres posteriores,
  • las empresas se recuperarán pero con niveles de ventas inferiores
  • y se echa en falta una reacción más rápida y contundente por parte del Ejecutivo.
• Es un problema mundial que requiere soluciones a nivel mundial por parte de organismos supranacionales, gobiernos y la sociedad civil.
• Es un precio muy alto a pagar para detener esta epidemia, pero hay que ser conscientes de que es un problema que puede volver a ocurrir y para el que no estábamos preparados.
• Hay que poner en valor los valores, visión de largo plazo, esfuerzo y trabajo en equipo propios de las empresas familiares. Esto implica pensar y actuar antes, y de forma consensuada, para poder hacer frente a estas crisis en mejores condiciones.
• Ahora es momento de dar prioridad a una recuperación lo más temprana posible, y evitar, en la medida de lo posible, los efectos de segunda vuelta.

Por tanto:

• No es posible una recuperación sin cortar la epidemia del todo
• No es posible una vuelta a la normalidad si no se aporta liquidez a familias y empresas
• La brutal paralización de la actividad económica se va a traducir en un enorme incremento de deuda
• Una de las grandes preguntas es ¿quién va a asumir esa deuda?
• Es necesario el protagonismo del sector público en la coordinación de temas sanitarios, sociales y económicos.

2. Medidas aprobadas por el Gobierno

2.1 Consejo de Ministros del 10 de Marzo

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

• Protección de las personas trabajadoras. Las personas en aislamiento preventivo y quienes se han contagiado del virus se consideran en Incapacidad Temporal asimilada a baja laboral por Accidente de Trabajo. (mejora de la prestación, perciben desde el día siguiente al de la baja, el 75% de la base reguladora con cargo a la Administración)

2.2 Consejo de Ministros del 12 de Marzo

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 18.225 MILLONES DE EUROS EN UN PLAN DE MEDIDAS ECONÓMICAS PARA MITIGAR EL IMPACTO DEL COVID-19

• Refuerzo del sistema sanitario
• Medidas de apoyo a las familias: 25M de euros a las CCAA (becas-comedor para infancia) .
• Apoyo al sector empresarial
  • flexibiliza los aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de 6 meses, previa solicitud, con bonificación en tipos de interés. Esto permitirá inyectar hasta 14.000 millones de euros de liquidez.
  • línea de financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial por importe de 400 millones de euros para atender las necesidades de liquidez de las empresas y trabajadores autónomos del sector turístico y actividades relacionadas.
  • se permite que las empresas que han recibido préstamos de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa puedan aplazar su reembolso.
  • se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.
  • Transporte aéreo: flexibilizar el uso de slots ( que no se penalice en el futuro por haber reducido sus vuelos en las actuales circunstancias).

• Gestión de las Administraciones Públicas
  • se agiliza el procedimiento para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que sean necesarios.
  • se habilita al Ministerio de Hacienda para realizar transferencias entre las distintas secciones presupuestarias

2.3 Consejo de Ministros del 17 de Marzo

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 Movilizar 20% del PIB, 200.000 millones de euros con medidas para proteger y apoyar a familias, trabajadores, autónomos y empresas.

• Personas mayores, dependientes y familias vulnerables.
  • 600 M€ para prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las CCAA y entes locales (asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes).
  • protección a los suministros de energía y de agua, y servicios de telecomunicaciones (familias vulnerables).
  • vivienda: moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores en situación de especial vulnerabilidad.

• Empresas
  • Asalariados: adaptar o reducir su jornada (hasta 100%). Se establece el teletrabajo cuando las circunstancias lo permitan.
  • Ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo. Los ERTES serán considerados de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. El cobro de esa prestación no les computará a efectos del cobro posterior de la prestación por desempleo. En caso de ERTEs, se exonerará al empresario de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social (75% en el caso de empresas de más de 50 trabajadores).
  • Autónomos: se flexibiliza el acceso al cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.

• Problemas temporales de liquidez de las empresas
  • Creación de una línea de avales y garantías públicas (100.000 millones de euros). Movilizará entre 150.000 y 200.000 millones de euros. El Estado será el garante.
  • Líneas de avales adicionales de 2.000 M de euros para las empresas exportadoras, especialmente PYMES.
  • Contratos del sector público: régimen específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación de plazos y compensación de salarios, con el fin de evitar la resolución de los contratos y la consecuente pérdida de empleo.
  • Sistema productivo y empresarial: reforma la normativa sobre inversiones exteriores, para impedir que empresas de países de fuera de la UE puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones en esta situación de crisis económica. Las empresas insolventes quedan eximidas de la obligación de declararse en concurso de acreedores durante este periodo. Se flexibiliza el funcionamiento de los órganos de gobierno y de gestión de las sociedades. No se puede ejercer el derecho de separación mientras dure el estado de alarma (+1 mes después según RDl 11/2020).

• Otras medidas adoptadas:
  • La suspensión de los trámites administrativos no afecta a los trámites de afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social, que son trámites que deben realizarse en los plazos previstos. (en este consejo se modifica el RD 463/2020 de estado de alarma).

• • El Gobierno sustituye la función interventora por el control financiero por razones de eficacia. El control financiero permanente verifica a posteriori, en sustitución de la función interventora previa.

2.4 Consejo de Ministros del 24 de Marzo

Entre los acuerdos adoptados en relación al COVID19 (solicitud al Congreso de los Diputados de ampliación para prorrogar el estado de alarma, prohibición de los vuelos directos entre la República Italiana y los aeropuertos españoles, distribución a las CCAA de financiación de servicios sociales, dependencia, alimentación niños) se han aprobado las características del primer tramo de la Línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19. Por tanto, no se han aprobado medidas para prorrogar pagos de impuestos, algo que ya se está llevando a cabo en otros países y que podría mitigar los graves problemas de liquidez de muchas empresas. Características de la línea de avales

• La Línea de Avales garantizará los nuevos préstamos y las renovaciones concedidas por entidades financieras a empresas y autónomos para atender necesidades de financiación (pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias).
• Será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial, en colaboración con las entidades financieras.
• La Línea, con una dotación de hasta 100.000 millones, se pone en marcha con este primer tramo de 20.000 millones (50% se reserva para autónomos y pymes).
• Pueden solicitarlo empresas y autónomos afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Los avales tendrán carácter retroactivo y podrán solicitarse para las operaciones formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor del RDl 8/2020, que se produjo el 18 de marzo.
• El aval garantiza el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes. Para el resto de empresas, el aval cubrirá el 70% del préstamo nuevo concedido y el 60% de las renovaciones.
• El aval tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de 5 años. El coste del aval, de entre 20 y 120 puntos básicos, será asumido por las entidades financieras.
• Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de 2020 en entidades financieras con las que el ICO haya suscrito acuerdo de colaboración.
• Las entidades financieras se comprometen a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados antes del inicio de la crisis del COVID-19.
• También asumen el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.

2.5 Consejo de Ministros del 27 de Marzo

La norma tiene carácter complementario: clarifica algunos efectos y consecuencias del Real Decreto-ley 8/2020 Empleo

• no estará justificado el despido por causas relacionadas con el Covid-19.
• Se agiliza el acceso a la prestación de desempleo, concreta el mecanismo y la documentación para que la prestación se solicite por el empresario que ha tramitado el ERTE. La fecha de inicio será cuando se haya producido la suspensión por fuerza mayor o la fecha en la que la empresa comunique su decisión.
• Mecanismos de control: la Inspección de Trabajo y Seguridad Social incluirá entre sus planes de actuación la comprobación de las causas alegadas para los ERTE. En caso de solicitudes con falsedades e incorrecciones, incluyendo la falta de causa o de necesidad, el empresario podrá ser sancionado y deberá devolver las cuantías percibidas.
• Sociedades cooperativas. Cuando la Asamblea General no pueda ser convocada a través de medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión total y/o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios.
• Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales (incluidos los formativos, de relevo e interinidad).

Medidas para facilitar la contratación pública: se tramitará por el procedimiento de emergencia, así mismo se establecen medidas específicas para agilizar la contratación durante la crisis sanitaria, particularmente con el exterior.

2.6 Consejo de Ministros del 29 de Marzo

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. Regula un permiso retribuido recuperable para personal por cuenta ajena, obligatorio y limitado, 30 de marzo-9 de abril, que preste servicios en empresas o entidades – sector público o privado- que desarrollan actividades no esenciales.

• Los trabajadores seguirán percibiendo sus retribuciones íntegras (salario base y complementos).
• Acabado el periodo, los empleados devolverán a la empresa de manera paulatina las jornadas no trabajadas.
• La recuperación de estas jornadas hasta el 31 de diciembre de 2020 se negociará con la representación legal de los trabajadores (o comisión representativa) en un periodo de consultas que durará máximo 7 días.
• La recuperación no podrá suponer el incumplimiento de los descansos previstos en la ley ni la superación de la jornada anual máxima fijada en el convenio. Serán respetados los derechos de conciliación de reconocidos legal y convencionalmente
• Las empresas podrán establecer, en caso necesario, un número mínimo de plantilla o establecer turnos para mantener la actividad indispensable (fin de semana y festivos).

No afecta a trabajadores en ERTE, salvo por reducción de jornada, personas de baja, o cuyo contrato esté suspendido por otras causas, ni a las que puedan realizar teletrabajo.

2.7 Consejo de Ministros del 31 de Marzo

3. Comparación de medidas en otros países

   

Alemania

El gobierno alemán aprueba 550.000 millones € para empresas ante la crisis del Covid-19. (15% del PIB)

• Ayudas para financiar las reducciones de jornadas establecidas con la próxima ampliación del Kurzarbeitergeld (esquema de reducción de jornada de trabajo). Prestación pública a los trabajadores sometidos a una reducción de su trabajo y salario, que indemniza a los trabajadores con un 67% de la pérdida de salario. Habitualmente se paga si un 33% de la plantilla en una empresa en crisis (grande, mediana o pequeña) afronta el riesgo del despido, límite que se reduce al 10% hasta finales de 2021.
• Aplazamiento de seis meses para el pago de impuestos a pymes y autónomos.
• Proporcionar liquidez a las empresas a través de la ampliación y mejora de programa de avales del banco de desarrollo público KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau / Banco de Crédito para la Reconstrucción. El presupuesto federal permite garantías de hasta 460.000 mll. € (13% del PIB), que pueden incrementarse en 93.000 mll. más (2,6% del PIB), alcanzando un total de 550.000, aunque en palabras de los ministros de Finanzas, Olaf Scholz, y de Asuntos Económicos y de Energía, Peter Altmeier, se concedería "acceso ilimitado al crédito" debido al alto grado de incertidumbre sobre la situación actual. Son los bancos quienes dan los préstamos.
  • Para empresas que han estado en el mercado más de 5 años y tienen una facturación anual de hasta dos mil millones de euros. Destinado a inversiones, pero también a la financiación de recursos operativos de hasta 200 millones de euros, es decir, de gastos corrientes como sueldos y salarios o alquileres. KfW también paga aquí el 80 por ciento del riesgo.
  • Préstamos para el crecimiento, financiar innovaciones y medidas de digitalización. Se abre para financiar los gastos corrientes de las empresas con ventas anuales de hasta cinco mil millones de euros. En empresas que tienen al menos cinco años, sólo el 70 por ciento del riesgo es asumido por KfW.
  • Programa especial KfW (Nuevo) para pymes y empresas grandes. La asunción de riesgo se mejora significativamente y asciende hasta un 80% para los recursos operativos, e incluso hasta un 90% para las inversiones. Estos también deberían estar disponibles para las empresas que están experimentando temporalmente dificultades financieras (aumento apropiado de la crisis en la tolerancia al riesgo) debido a la crisis.

Francia

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