Plan de Recuperación: ESPAÑA PUEDE

El pasado 7 de octubre, el Presidente del Gobierno presentó el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, denominado España Puede. El documento traza la hoja de ruta del Gobierno para impulsar la recuperación económica en los próximos años, así como sentar las bases para la gestión de los Fondos Europeos.

1. El marco de España Puede

El Plan es una exigencia de la Unión Europea para acceder a los fondos de Next Generation EU, en concreto para acceder al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Mientras las instituciones europeas, Parlamento y Consejo, definen el instrumento jurídico (Reglamento) que regule este mecanismo, los países pueden remitir a Bruselas un borrador de plan nacional a partir del 15 de octubre y el definitivo desde la entrada en vigor del reglamento, (previsiblemente el 1 de enero) y a más tardar el 31 de abril de 2021. La Comisión dispone de 2 meses para evaluar los planes y el Consejo de 4 semanas para opinar sobre los hitos y los objetivos incluidos.

El gobierno se inspira en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para la elaboración del plan que representa la continuación del Plan de Choque y del Plan de Reactivación, puestos en marcha ante la pandemia. España Puede profundiza en la Agenda del Cambio, en el programa de gobierno de coalición y en las conclusiones de la Comisión de reconstrucción aprobadas en el Congreso de los Diputados.

La introducción del documento incide en la necesidad de resolver importantes desequilibrios que lastran la economía española desde hace décadas y que concreta en: alto desempleo estructural con especial incidencia en jóvenes y una marcada precariedad laboral, un alto nivel de deuda unido a un problema estructural de déficit público, bajo nivel de inversión en innovación y formación continua, baja productividad de los factores, menor atención a los efectos medioambientales, un sector industrial y de servicios maduros poco adaptados a las nuevas tecnologías y con limitada integración de los riesgos y oportunidades de la descarbonización en sus estrategias empresariales, un ecosistema de empresas de muy pequeño tamaño con dificultad para crecer y aprovechar todas las ventajas de la integración europea y grandes brechas de desigualdad interterritoriales.

El fondo Next Generation EU asciende a 750.000 millones de euros a través de varias iniciativas. Según el Gobierno, el plan, con ámbito temporal 2021-2023, permitirá a España obtener financiación en el entorno de los 140.000 millones (según cifra aportada por el Gobierno, aunque los importes exactos están aún por determinar):

  • 72.000 millones serán subvenciones, de los cuales cerca de 59.000 millones proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 12.400 del programa React EU.
  • Por otro lado, los préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no superarán el 6,8% de la renta nacional bruta del país (2019). Este importa podría ascender aproximadamente hasta los 80.000 millones y tendrán que ser devueltos antes del 31 de diciembre de 2058.

El gobierno estima una inversión pública del 6% del PIB anual en los próximos tres años y un incremento del crecimiento potencial hasta el 2% así como la creación de 800.000 puestos de trabajo. El 70% de las subvenciones concedidas por el mecanismo deberá estar comprometido por la Comisión Europea en 2021 y 2022. El 30% restante se comprometerá enteramente a finales de 2023 y podrá ejecutarse hasta 2026.

España Puede se verá reflejado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que incorporará 27.436 millones en subvenciones de la UE. En años posteriores los fondos provenientes del Mecanismo se seguirán canalizando a través de los Presupuestos.

2. Políticas incluidas

El Plan, para ser aprobado por la Comisión, debe incorporar las reformas previstas en las recomendaciones realizadas a España por la UE. Por otra parte, la Comision exige que los Planes dediquen el 37% del gasto a sostenibilidad y el 20% a digitalización, si bien, el plan español incluye un 33% en digitalización.

Las CCAA recibirán fondos del mecanismo desde los presupuestos de cada ministerio. Las entidades locales también participarán a través de diversos mecanismos de colaboración.

Resulta destacable la mención expresa a la Colaboración Público Privada como principio director indispensable y herramienta para aumentar la capacidad de inversión. Las empresas, sociedad civil, ONG, etc. podrán presentarse a las convocatorias realizadas por los ministerios en los diferentes formatos dependiendo de los sectores y temas.

España Puede detalla diez palancas denominadas de reforma estructural que se asientan sobre cuatro ejes trasnversales: la transición ecológica, la tranformación digital, la cohesión territorial y la igualdad de género. Se menciona también el concepto de justicia intra e intergeneracional con el objetivo de asegurar que el endeuamiento público se dirija a financiar inversiones que incrementen el crecimiento potencial futuro, la sostenibilidad medioambiental, la inclusión y la calidad de vida del conjunto de la población.

Estas palancas son las siguientes:

 

3. Gobernanza

Con el fin de garantizar la ejecución de los fondos, el gobierno está reformando y desarrollando estructuras de seguimiento y coordinación. Así, se prevé:

  • Reforzar la estructura administrativa: dotando de más capacidades al centro directivo competente del Ministerio de Hacienda (Dirección General de Fondos Europeos) que será la estructura designada como Autoridad responsable ante las instituciones europeas de cara a la rendición de cuentas y el control del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
  • Modificar las leyes de Contratos del Sector Público, Subvenciones y de Régimen Jurídico del Sector Público a través de un Real Decreto-Ley para reducir “las principales barreras y cuellos de botella legales”.

Y adicionalmente:

  • Crear una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, formada por el Presidente y los ministros con mayor participación en el fondo. Al mismo tiempo, estará vinculada a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
  • Constituir una Unidad de Seguimiento (político y estratégico) en Presidencia.
  • Crear foros o consejos consultivos de alto nivel con los sectores implicados: de ciencia e innovación, digitalización (ya creado), energía, agua, movilidad, industria turismo, reto demográfico, cultura y deporte. Contará con la participación de los ministerios, representantes del sector privado, agentes sociales, colectivos y sociedad civil.
  • Reactivar la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos, con las Comunidades y Ciudades Autónomas, que liderará la ministra de Hacienda.
  • Conferencia de Presidentes autonómicos, el día 26 de octubre en el Senado, con la Presidenta de la Comisión Europea.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia financiará medidas iniciadas desde del 1 de febrero por lo que el gobierno espera recibir financiación europea desde mediados del 2021 al cumplirse ya alguno de los hitos exigidos.

4. Consideraciones finales

  • Muchos de los planes e inversiones propuestos suponen una continuación o ampliación de programas ya desarrollados con anterioridad e incluidos en la Agenda 2030.
  • El Ministerio de Economía pierde relevancia en la ejecución de los fondos en favor del Ministerio de Hacienda, encabezado por la ministra Portavoz.
  • Gran parte de las iniciativas suponen programas de gasto público orientados al impulso de la recuperación económica vía estimulo de la demanda y, aunque sí se mencionan en el documento, no hay concreción de planes de reforma estructural. En concreto, el documento explica la importancia de estas reformas para incrementar nuestra competitividad y el crecimiento potencial a largo plazo, pero se echa en falta un mayor detalle o profundidad en sus propuestas.
  • España debe centrar su esfuerzo inmediato en mejorar la gestión de fondos (formulación, seguimiento y ejecución de proyectos): ha gastado solo el 34% de los 56.000 M€ de disponibles en fondos estructurales para el periodo 2014-2020.
  • El mecanismo Next Generation expone la necesidad de la colaboración público privada tanto para su planificación como en la ejecución posterior. En España, donde la gestión del fondo supone un gran reto para la Administracion, no se observa, de momento, una participación activa de las empresas en el diseño de estos planes.