Madrid, 19 de febrero de 2009.- El Presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Simón Pedro Barceló, y su Director General, Fernando Casado, han propuesto hoy en Madrid al Gobierno, las Comunidades Autónomas y a las principales fuerzas políticas la adopción de un Plan de Choque para los años 2009 y 2010 que inyectaría a la economía española 21.140 millones de euros (10.570 anuales), a través de una reducción de la presión fiscal y de otros costes que soportan las empresas españolas, además de incrementar la liquidez del sistema.

Buena parte de las medidas recogidas en el plan tendrían un efecto inmediato, mientras que los frutos del resto se notarían pasados unos meses desde su puesta en marcha. El objetivo mejorar las condiciones para poder poner freno a los graves niveles de destrucción de empleo y reducir significativamente la falta de liquidez que sufre la empresa española. El volumen de este Plan de Choque, por tanto, no debe ser tenido en cuenta como un gasto o una merma recaudatoria, sino como una inversión en una economía más competitiva y productiva.

Durante los últimos meses, las principales economías del mundo han reaccionado con rapidez, al articular planes de dinamización y apoyo a sus tejidos productivos de gran calado. Aunque la situación en estos países es complicada, en ninguno de ellos se está produciendo un deterioro del mercado laboral –y por tanto del consumo- tan intenso y rápido como en España.

Ante esta situación, el Instituto de la Empresa Familiar considera fundamental que el Gobierno central, los Ejecutivos autonómicos y las principales fuerzas políticas acuerden y coordinen de manera urgente este Plan de Choque, que incluiría las siguientes medidas:

A. Medidas con efecto inmediato:

• 1. Reducir las cuotas a la Seguridad Social:
• 2 puntos por trabajador contratado (coste anual aproximado: 5.800 millones €).
• 10 puntos por cada nuevo empleo fijo creado (coste anual aproximado: 240 millones €).

2. Aumentar la línea ICO para capital circulante en 50.000 millones. (coste anual aproximado: 2.000 millones €).

3. Crear un incentivo de 2.000 € para la compra de vehículos destinados a actividades económicas (coste anual aproximado: 200 millones €).

4. Con el objeto de reducir el periodo de pago de las Administraciones:

• Establecer como obligatorio que sus periodos de pago no puedan superar los 30 días.
• Crear un fondo de ayudas financieras por 10.000 millones € para las administraciones que no puedan afrontar esta carencia de pago (coste anual aproximado: 250 millones €).

5. Otorgar a los créditos que conceden los accionistas a sus empresas un tratamiento fiscal similar al del resto de rentas del capital (coste anual aproximado: 50 millones €).

B. Medidas con efecto transcurridos unos meses:

1. Modificar la fiscalidad para:

• Fijar el 25% como tipo general del Impuesto de Sociedades y el 20% como tipo reducido.
• Aprobar el aplazamiento del IVA y de las cotizaciones a la Seguridad Social. Coste anual aproximado de estas medidas: 2.000 millones €

2. Habilitar, hasta que la situación económica se normalice, que los proyectos empresariales se puedan acometer tras una comunicación formal a la administración correspondiente, que verificará la correcta observación de la legislación establecida al efecto. Se trata de conseguir que ningún proyecto viable de inversión se deje de emprender por un exceso de burocracia.

3. Establecer la exención por reinversión de beneficios (coste anual aproximado: 30 millones €)

4. Para mejorar la flexibilidad del mercado laboral: • Condicionar los incrementos salariales a la productividad.

• Condicionar los incrementos salariales a la productividad.
• Permitir ajustar las plantillas temporalmente a las necesidades de producción.
• Otorgar a las Mutuas la facultad para emitir propuestas de alta médica en el pago de la incapacidad temporal.
• Trasladar las festividades laborales que caen entre semana a los lunes.
  Estas medidas no tendrían impacto económico para las Administraciones Públicas.

Más concretamente, el IEF calcula que el Plan ahorraría de manera directa a las empresas 8.270 millones de euros anuales de los 10.570 previstos para cada uno de los dos años de duración de este conjunto de medidas, al sumar las reducciones de las cuotas a pagar a la Seguridad Social, la bajada de los tipos del Impuesto de Sociedades, la exención por reinversión de beneficios y las ayudas a la adquisición de vehículos de uso empresarial.

Los otros 2.300 millones, hasta completar la cantidad anual de 10.570 del Plan, englobarían el coste de inyectar liquidez al tejido productivo por 60.000 millones de euros (de los que 50.000 son para la línea ICO de capital circulante y otros 10.000 para el fondo de ayuda a la solvencia de las Administraciones Públicas); más los que aportaría la mejora de la fiscalidad de los préstamos de accionistas a sus empresas.

El IEF considera, además, que la situación requiere del esfuerzo de todos: administraciones, empresas, agentes sociales y el conjunto de la sociedad. En definitiva, se trata de trabajar más intensamente y de manera más efectiva para recuperar la senda del crecimiento.